La presidencia española de la UE se encuentra en aprietos debido a la nueva exigencia de la Comisión Europea de armonizar los delitos de malversación en todos los países miembros, lo que obligaría al Gobierno español a endurecer las penas por corrupción tras la rebaja introducida en el Código Penal en diciembre pasado. La medida alejó a España de los estándares de la UE y pone en peligro la recepción de fondos comunitarios, además de poner a España en el centro de las miradas del resto de socios de la UE durante su presidencia de turno. La Comisión Europea ha advertido la preocupación por la corrupción en España, siendo percibida por el 89% de los españoles como algo generalizado. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha alertado sobre la reforma española que elude las penas de cárcel para quienes despilfarran fondos públicos, y la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, ha exigido «tolerancia cero» al Gobierno español en este delito. La UE está vigilante de que los fondos públicos recibidos por los países miembros se destinen adecuadamente sin fraude ni corrupción.
