La Comisión Europea ha levantado la voz sobre el abuso de los ‘decretazos’ por parte del Gobierno español.
Según Bruselas, el entorno regulatorio en España se encuentra altamente fragmentado, lo que está afectando a la competitividad de la economía nacional.
En medio de este panorama, la calidad legislativa se ha visto seriamente comprometida, como señala la Comisión Europea.
Un ejemplo destacado de este problema fue el voto accidental del diputado Alberto Casero a favor de una polémica reforma laboral en febrero de 2022.
La convalidación de dicha medida puso en evidencia deficiencias en el procedimiento administrativo y resalta la necesidad de mejorar la calidad de la legislación en España.
En el marco de la revisión del Semestre Europeo, Bruselas destaca la importancia de abordar este problema para fortalecer la competitividad de la economía española.
La Comisión Europea hace un llamado a promover una legislación más sólida y evitar el uso excesivo de decretos-leyes en beneficio de una mayor estabilidad y coherencia normativa.
El Ejecutivo comunitario destaca la necesidad de abordar la fragmentación normativa en España, especialmente entre las distintas regiones del país, para fomentar la creación de empresas y mejorar la competitividad.
Según Bruselas, la mayoría de las comunidades autónomas se encuentran por debajo de la media europea en términos de competitividad, con excepción de Madrid, Euskadi y Cataluña.
En el ámbito de la inversión en Innovación y Desarrollo (I+D), se señala que la falta de coordinación en el diseño, implementación y evaluación de políticas ha llevado a mayores costes administrativos y una mayor fragmentación. La doble gobernanza entre el Gobierno central y las regiones en estas políticas ha generado obstáculos que es necesario superar para impulsar el progreso en materia de innovación y desarrollo. Bruselas insta a una mayor cooperación y coordinación entre las diferentes instancias del gobierno para optimizar los recursos y promover un entorno favorable para la inversión en I+D. Es fundamental superar estos desafíos y avanzar hacia una mayor coherencia y eficiencia normativa en España para impulsar la competitividad y el crecimiento económico.
