El Gobierno español limitará el precio de las viviendas que avalará el ICO y el tope variará por comunidades autónomas, según lo aprobado este martes. La medida tiene como objetivo facilitar la compra de una primera vivienda a jóvenes y familias que cuenten con solvencia financiera, pero que no dispongan del ahorro necesario para dar la entrada que les solicita el banco. El convenio entre el Ministerio de Transportes y el ICO permitirá avales públicos a las hipotecas de primera vivienda con rentas de hasta 37.800 euros anuales, que podrán duplicarse si son dos compradores. El precio de compra estará limitado y dependerá de la comunidad autónoma donde se realice la operación. El Gobierno estima que esta medida llegará a unas 50.000 personas. A pesar de la oposición del bloque de investidura, la propuesta no necesita votarse en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, la medida ha recibido críticas desde algunos sectores políticos, incluyendo al socio minoritario del gobierno de coalición, Unidas Podemos, que ha cuestionado su efectividad y ha advertido sobre la posibilidad de crear una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el gobierno ha negado estas críticas, destacando que la medida tiene límites de renta y de precio de compra para evitar una subida en los precios de las viviendas.
Las condiciones del convenio entre el Ministerio de Transportes y el ICO aún deben ser concretadas, ya que la aprobación de este martes solo ha sido la luz verde a la articulación de la línea de crédito. Sin embargo, la ministra competente, Raquel Sánchez, ha adelantado algunos detalles, entre ellos que podrán acogerse personas con un límite de ingresos de hasta 37.800 euros anuales, que se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. Los avales no tendrán costo alguno para el solicitante y podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025.
En definitiva, el gobierno ha aprobado la medida que permitirá al ICO avalar la entrada de su primera vivienda a jóvenes y familias, con rentas de hasta 37.800 euros, para facilitar la compra a aquellos que tienen solvencia pero no disponen del ahorro necesario para ofrecer la entrada que les solicita el banco. Esta medida es parte de la política del gobierno de fomentar el alquiler asequible y aumentar el parque público de viviendas en alquiler, aunque ha generado críticas desde algunos sectores políticos.
