Los sindicatos de los funcionarios de la administración de justicia han convocado una huelga indefinida a partir del 22 de mayo si el Gobierno no les presenta una propuesta económica. Los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública tienen diez días para resolver la situación y evitar un colapso absoluto en la administración de Justicia. Los sindicatos reclaman un aumento salarial y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, y critican al Gobierno por no negociar con ellos y no presentar una propuesta como la pactada con los letrados o la que se está negociando con jueces y fiscales. Además, advierten de que cada día de huelga implica 5 millones de actuaciones procedimentales y unos 20,000 juicios suspendidos.
Los sindicatos también se quejan de la falta de personal y la carga de trabajo en los juzgados y tribunales, así como de la necesidad de modernizar la administración de justicia con nuevas tecnologías. Los funcionarios llevan años denunciando estas carencias y exigiendo mejoras, pero hasta ahora sus demandas no han sido atendidas.
La huelga de los funcionarios de la administración de justicia es un problema grave para el sistema judicial español, ya que afecta a millones de ciudadanos que dependen de la justicia para resolver conflictos y problemas legales. Además, el paro puede tener graves consecuencias económicas para las empresas y los particulares que tienen juicios pendientes.
El Gobierno, por su parte, ha expresado su disposición a dialogar con los sindicatos y ha afirmado que está trabajando en la mejora de la administración de justicia y la modernización de sus sistemas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en las negociaciones y los funcionarios han decidido endurecer su protesta con la convocatoria de una huelga indefinida.
