Save The Children advierte, en relación al próximo Día de la Madre, que las mujeres en familias monoparentales enfrentan mayores niveles de precariedad, pobreza laboral y dificultades para conciliar crianza y empleo. La organización señala que el costo de criar un hijo en 2022 es de 672 euros al mes, una cifra difícil de asumir para muchas de estas familias, que deben enfrentar también la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y el acceso limitado a bienes y servicios básicos. El informe de Save The Children destaca que 158.000 hogares monoparentales en España, la mayoría encabezados por mujeres, dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos al pago de vivienda. Además, muchas de estas familias no pueden acceder al bono social debido a la falta de cobertura automática como en el caso de las familias numerosas.
Como Susana, una madre soltera que lucha por conciliar vida laboral y familiar ante la falta de apoyo institucional
Una madre soltera en Cataluña, con dos hijos a cargo, un adolescente y un niño de 11 años, se enfrenta a un desafío significativo al tratar de equilibrar su vida laboral y familiar. Con un salario anual de 23.000 €, la mujer lucha por cubrir los gastos de vivienda, electricidad, agua, teléfono y comida, además de lidiar con un horario laboral poco flexible (jornada partida de 9:30 a 14h y 16 a 20h).
Ante la falta de conciliación familiar, la madre solicita ayuda para el comedor escolar al Departamento de Enseñanza de Cataluña. Sin embargo, su solicitud es denegada debido a que su salario supera el límite establecido para recibir esta ayuda.
En busca de soluciones, solicita un cambio de centro educativo cercano a su domicilio para que su hijo pueda ir solo a casa a comer. Sin embargo, esta petición también es denegada, y en su lugar, le asignan otro centro con una menor ratio de alumnos, pero que no soluciona su problema.
Desesperada, acude al Departamento de Bienestar Social para exponer su caso, pero le informan que no tienen autoridad para ayudarla en este asunto. Ante la falta de alternativas, decide solicitar a su empresa un traslado a otra comunidad autónoma donde tiene familiares que podrían prestar apoyo. La empresa accede a su petición, pero con condiciones: el nuevo puesto estaría a 50 km de su nuevo domicilio, lo que supone un gasto extra en transporte y aún menos conciliación familiar, y además tendría que desempeñar dos funciones.
Actualmente, la mujer se encuentra en tratamiento psicológico, intentando recuperar su vida y lidiar con el trastorno emocional causado por esta situación. Una vez más, las instituciones dejan en desamparo a personas que han estado cotizando toda su vida y las excluyen del sistema de bienestar social.